Por Carolina Vásquez Araya:
En los países menos desarrollados la ciudadanía vive en
irremediable estado de frustración. El sistema en el cual se mueven las fuerzas
del país bajo la influencia de capitales internacionales genera un círculo
vicioso. Es el caso de Guatemala, en donde ese círculo resulta inquebrantable y
anula toda posibilidad de construir un ambiente propicio capaz de generar una
fuerza ciudadana efectiva contra un sistema que solo beneficia a ciertas
élites.
Este sistema política y económicamente depredador no solo
afecta a los sectores más pobres ni está enfocado únicamente en detentar el
monopolio de las decisiones: es tan perverso como para haber conservado un
tinte de democracia cuando sus estructuras están diseñadas para nunca ceder
espacios a la auténtica participación ciudadana. Para ello, ha creado un
entramado de leyes-candado favorables a la perpetuación de un estatus propicio
para gobernar al país al gusto y preferencia de un sector específico,
minoritario pero abrumadoramente poderoso.
Los obstáculos contra la participación política de sectores
tan importantes como los de mujeres y pueblos originarios entran en el modelo
tradicional de monopolización del poder, ya que uno de los objetivos de ese
modelo político es, precisamente, impedir el desarrollo de una ciudadanía
involucrada en la gestión pública. De ahí que las reformas a las leyes que
definen el sistema electoral y de partidos políticos dependan de quienes se
benefician de ellas y marginen por completo las aspiraciones de la población
por una democracia real e incluyente.
Una de las consecuencias del monopolio del poder en un
círculo de corrupción y privilegios, sumado a la ausencia de calidad de la
gestión pública, es la marginación de la niñez y la juventud como una
estrategia de dominación. La táctica de privar a este sector de acceso a la
educación y relegarlo en las prioridades de inversión resulta naturalmente en
la profundización de la pobreza y, por ende, la imposibilidad de cederle
espacios de decisión y acceso alguno a la participación política en un futuro
cercano. En otras palabras, la juventud guatemalteca continuará castrada y
condenada a desenvolverse en un ambiente de privaciones y criminalidad
inevitables, de no haber un giro rotundo en las políticas públicas dirigidas a
este sector.
Por otro lado, la explotación irracional de la
riqueza–tierras, aguas, recursos mineros- bajo el argumento de ser la única vía
para generar el desarrollo económico al cual aspira la población, constituye el
gastado discurso de un círculo de poder históricamente incapaz de generar más
desarrollo que el de sus propiedades, bajo la protección de un sistema político
que le ha servido incondicionalmente y sin reparos. La fuerza de las evidencias
de los problemas generados por una industria depredadora y pobremente manejada
como la minera, sin embargo, ha provocado el cierre de esa clase de proyectos
en otros países de la región y del continente por ser perjudiciales y no
propiciar más desarrollo que el de las compañías explotadoras, mientras los
territorios mueren y sus fuentes de agua se pierden para siempre.
El desarrollo no reside en proyectos mineros ni construcción
de hidroeléctricas. Reside en planes bien diseñados, incluyentes, democráticos
y racionales, de mediano y largo plazos, capaces de romper los habituales
círculos de influencia y convertir a un Estado débil y dependiente en una
fuerza generadora de riqueza, bienestar y justicia para toda la población. Eso
requiere conciencia, inteligencia y calidad humana, valores indispensables para
convertir las debilidades en fortalezas y avanzar hacia un futuro más
promisorio.
Un país, para crecer, necesita planes de desarrollo
incluyente, sostenible y bien estructurado.
elquintopatio@gmail.com
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